Mexico: A 500-Year History

Resulta bastante natural en México —y dudo que sea muy diferente en otras naciones— descalificar al extranjero cuando comenta algo sobre nuestro país que sea poco menos que un elogio, como si la nacionalidad viniera necesariamente acompañada de conocimiento. El estadounidense Paul Gillingham, sin embargo, ha realizado una obra monumental al condensar 500 años de historia de México, desde la caída de Tenochtitlan hasta poco más allá del gobierno de Vicente Fox. No puedo negar que me habría gustado conocer también su análisis de la historia mexicana más reciente.

Por momentos, el autor se deja seducir por anécdotas más pintorescas que sólidamente fundamentadas: la supuesta inundación de Tequesquitengo como venganza de un hacendado contra todo un pueblo; el general Escobedo cargando un buque con 5,000 libras de plata robadas del tesoro nacional y navegando en busca de comprador; o cuatro cazas del Ejército mexicano amedrentando a Ernesto Zedillo al acompañar durante unos minutos al avión presidencial. En estos casos, algunas de sus fuentes no me parecen demasiado confiables —por ejemplo, obras de Rafael Loret de Mola—, aunque la bibliografía del libro es extraordinariamente extensa.

Tampoco podemos reprocharle demasiado algo que he observado en autores extranjeros al escribir sobre otros países: dejarse seducir por esa imagen romántica, casi de novela de aventuras, que buena parte de la historia de México parece poseer.

No tendría mucho caso resumir una obra que por sí misma sintetiza lo escrito en millones de páginas. Prefiero señalar aquellas ideas que me hicieron reflexionar y, sobre todo, cuestionar el nacionalismo que nos inculcaron mediante la educación oficial.

Según Gillingham, esa educación nacionalista fue impulsada desde los gobiernos liberales del siglo XIX para justificar su autoritarismo y posteriormente reproducida por los gobiernos priistas. Lo interesante es que muchos de sus dogmas sobreviven incluso entre quienes se presentaron como críticos de la llamada “dictadura perfecta”. Seguimos recurriendo a una historia construida alrededor de héroes y villanos, casi como una telenovela mexicana en la que resulta indispensable separar a los buenos de los malos.

Quizá por eso sigue siendo políticamente más rentable debatir en la tribuna sobre lo sucedido hace 500 años que sobre lo que sucede hoy. Nuestros políticos saben que basta tocar determinados símbolos nacionales para provocar indignación. Si alguien cuestiona ciertos aspectos de nuestro nacionalismo, nos rasgamos las vestiduras y estamos dispuestos, en el gesto más inútil, a lanzarnos envueltos en la bandera nacional desde el balcón más cercano.

Aunque no es una frase de Gillingham, la provocación de que “la conquista de México la hicieron los indígenas y la Independencia los españoles” contiene una verdad histórica que el relato escolar tradicional suele simplificar. La conquista de Tenochtitlan habría sido imposible sin los numerosos pueblos indígenas aliados de Cortés, mientras que en el movimiento independentista desempeñaron un papel fundamental los criollos, descendientes de españoles nacidos en América.

Las ideas europeas sobre los criollos también resultan reveladoras. Durante el periodo colonial circularon teorías según las cuales el ambiente americano provocaba una degeneración física e intelectual de quienes nacían en él. El criollo podía ser descendiente de europeos y, sin embargo, ser considerado inferior al peninsular por el simple hecho de haber vivido en América.

También resulta interesante observar a México desde la perspectiva de sus conexiones internacionales. Actualmente difícilmente puede considerarse un gran país de inmigración: en el Censo de 2020, alrededor del 1% de sus habitantes había nacido fuera del territorio nacional, y una parte considerable de ellos tenía nacionalidad mexicana. Sin embargo, durante el periodo novohispano el territorio formó parte de una extraordinaria red global. La Nao de China conectaba Manila con Acapulco y, desde allí, las mercancías asiáticas podían continuar hacia Europa. La Nueva España se encontraba así en uno de los grandes circuitos comerciales que enlazaban Asia, América y Europa.

El México posterior a la Independencia aparece en el libro como el país de los pronunciamientos y los planes. Gillingham menciona varias decenas de movimientos destinados a sustituir al gobernante en turno. Lo sorprendente es que fracasar no siempre significaba la destrucción definitiva del derrotado. Los enemigos de hoy podían volver mañana a la vida política. Esto me hizo pensar en una característica mucho más duradera de nuestro sistema: cierta capacidad de las élites para enfrentarse ferozmente sin destruirse entre ellas, una especie de pacto de supervivencia —y, en ocasiones, de impunidad— que parece reaparecer a lo largo de nuestra historia sin que el actual gobierno sea diferente.

Me resultó particularmente interesante el pasaje sobre la guerra entre México y Estados Unidos de 1846-1848. Gillingham no muestra demasiada indulgencia hacia su propio país y presenta los abusos cometidos durante la invasión. Es una lectura que convendría a algunos mexicanos que imaginan una intervención estadounidense como una especie de operación administrativa destinada a resolver nuestros problemas. La incorporación de los territorios conquistados a Estados Unidos no significó simplemente que sus habitantes despertaran un día convertidos tranquilamente en ciudadanos estadounidenses: muchos mexicanos sufrieron discriminación, desplazamientos y pérdida de propiedades durante las décadas siguientes.

Uno de los aspectos más sugerentes del libro es que Gillingham no presenta al México del siglo XIX únicamente como un fracaso. Al mismo tiempo que describe guerras civiles, golpes de Estado e invasiones, destaca el carácter extraordinariamente avanzado de algunos principios constitucionales mexicanos para su época. El país contó, además, con figuras presidenciales difíciles de imaginar entonces en muchas otras naciones occidentales: Vicente Guerrero, de ascendencia africana e indígena, y Benito Juárez, indígena zapoteco.

Para Gillingham, el largo proceso iniciado con la Independencia no termina realmente en 1821, sino en 1867, con la derrota del Segundo Imperio y el fusilamiento de Maximiliano. Menos de diez años después, en 1876, Porfirio Díaz llegó por primera vez a la presidencia.

Hay una coincidencia extraordinaria: Benito Juárez y Porfirio Díaz eran oaxaqueños y, sumados sus respectivos periodos al frente del país, dominaron buena parte de la vida política mexicana del siglo XIX y principios del XX (en total 45 años). Esto lleva inevitablemente a una pregunta contrafactual. Si Díaz hubiera muerto hacia 1900, antes de la etapa final y más esclerótica del Porfiriato, probablemente ocuparía un lugar muy diferente en nuestra memoria histórica.

Otra institución porfiriana que me llamó la atención fue la del jefe político: un representante del poder central utilizado para controlar la política regional y limitar la autonomía de los poderes locales. La comparación no es exacta, pero inevitablemente me hizo pensar en los actuales delegados de los Programas para el Bienestar: funcionarios que representan directamente al gobierno federal en los estados y cuya presencia puede generar tensiones con autoridades surgidas de elecciones locales. Cambian las instituciones y las circunstancias, pero la tensión entre centralización y federalismo reaparece constantemente en la historia mexicana.

No puedo dejar de mencionar una frase de Francisco Bulnes que Gillingham reproduce de El verdadero Díaz y la Revolución (1920). Encontrármela me llevó a leer más sobre este intelectual conservador del Porfiriato y prefiero reproducirla directamente del castellano, evitando la absurda operación de traducir al español una traducción inglesa:

“Deturpar y condenar al general Díaz por no haber ejecutado lo imposible: ser Presidente Democrático en país de esclavos, sobrepasa a lo permitido en estupidez. [...] Ningún gobierno de México ha gobernado democráticamente, por la sencilla razón de que el pueblo mexicano no es demócrata, pues la democracia es todo acción popular y no de caudillo, prócer, apóstol, militar brutal o licenciado trapacero. Un pueblo que necesita permiso del Presidente de la República para ejercer su soberanía, es menos soberano que un carnero ante un coyote”.

Dejo la frase para quien quiera darle una interpretación, quizá más contemporánea. Lo que me interesa de Bulnes no es convertirlo en profeta ni absolver al Porfiriato, sino precisamente escapar de uno de los vicios que atraviesan nuestra historia oficial: la necesidad de encontrar héroes inmaculados y villanos absolutos, en vez de personajes históricos atrapados en las contradicciones de la construcción del Estado mexicano.

Algo parecido sucede con la Revolución. La distancia temporal nos permite clasificar cómodamente a revolucionarios y contrarrevolucionarios según sus programas políticos, pero para muchas de las personas que realmente vivieron el conflicto la elección podía ser mucho más elemental. Unirse a una fuerza armada que garantizara comida podía resultar preferible a esperar la leva del ejército contrario. La ideología importaba, por supuesto, pero también importaba quién podía ofrecer un plato de comida. Y eso quizá haya cambiado menos de lo que nos gustaría admitir.

Una de las aportaciones más útiles de Gillingham es dividir lo que llamamos genéricamente Revolución mexicana en varias guerras civiles sucesivas.

Tras la Decena Trágica, el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez y la llegada de Victoriano Huerta a la presidencia, comienza una primera guerra contra el régimen huertista. Entre 1913 y agosto de 1914 combatió contra él el Ejército Constitucionalista, cuyos principales dirigentes incluían a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Francisco Villa y Pablo González. Emiliano Zapata combatió a Huerta de manera independiente con el Ejército Libertador del Sur.

Derrotado Huerta, los vencedores descubrieron que tenían mucho menos en común de lo que parecía. Entre finales de 1914 y 1915 se desarrolló la llamada Guerra de Facciones, fundamentalmente entre constitucionalistas —Carranza y Obregón— y convencionistas —Villa y Zapata, entre otros—.

La victoria constitucionalista tampoco terminó inmediatamente con la guerra. Villa y Zapata continuaron combatiendo mediante formas de guerra de guerrilas mientras Carranza intentaba consolidar el nuevo régimen. Sólo hacia 1920 comienza a cerrarse este largo ciclo revolucionario, aunque la violencia política mexicana estaba lejos de desaparecer.

De la historia posterior del PRI se podría hablar durante páginas, pero me interesa especialmente una provocación de Gillingham acerca de la división del poder. Constitucionalmente aprendemos que existen tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero durante buena parte de la historia mexicana, la división políticamente más efectiva quizá haya sido otra: Federación, estados y municipios.

No significa que la separación constitucional de poderes no exista, sino que el equilibrio territorial del poder ha tenido en México una importancia que el relato cívico tradicional suele subestimar. Presidencia, gobernadores y poderes municipales han construido sus propios espacios de negociación, resistencia y subordinación. Vista así, la historia política mexicana resulta bastante diferente de la que aparece en los diagramas de los libros escolares.

También es particularmente incisiva la crítica de Gillingham a la política estadounidense contra las drogas. Desde cierta perspectiva estadounidense, el consumo recreativo de drogas de sus propios ciudadanos termina transformado en responsabilidad de México, al que se exige utilizar presupuesto, policías, tribunales y soldados para impedir que esas sustancias lleguen al mercado estadounidense. El consumidor está de un lado de la frontera; una parte desproporcionada de los costos humanos de combatir el negocio termina del otro.

Si alguien quisiera probar el libro sin enfrentarse de inmediato a sus más de 700 páginas, le recomendaría empezar por el epílogo. En apenas unas páginas aparecen algunas de sus ideas más provocadoras.

Una de ellas es que los archivos —la materia prima con la que se escribe la historia— también son instrumentos de poder. Precisamente por eso los gobiernos los conservan, clasifican, ocultan, destruyen o hacen desaparecer. Controlar lo que podrá conocer el historiador del futuro es también una forma de ejercer poder sobre el pasado.

Otra idea que me parece particularmente valiosa es la necesidad de colocar la violencia mexicana en perspectiva comparada. México posee una historia extraordinariamente violenta, pero eso no significa que sea excepcionalmente violento en todos los sentidos ni en todas las épocas. Europa experimentó las guerras napoleónicas y dos guerras mundiales. Estados Unidos tuvo una guerra civil devastadora, además de episodios intensos de violencia racial y política.Tampoco hay un equivalente exacto a ciertos episodios de violencia política de la posguerra estadounidense, durante la cual fueron asesinadas figuras como John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King Jr., Malcolm X y Harvey Milk. 

La comparación tampoco pretende absolver a México. Sería absurdo hacerlo después de las guerras civiles del siglo XIX, la Revolución, Tlatelolco, la guerra sucia, las desapariciones, Ayotzinapa o la violencia asociada al narcotráfico. Sirve, más bien, para cuestionar la facilidad con la que cada sociedad convierte la violencia ajena en característica nacional y la propia en excepción histórica.

México abolió la pena de muerte y los tiroteos escolares han sido mucho menos frecuentes que en Estados Unidos, aunque sería falso afirmar que no han ocurrido. Del otro lado de la frontera, la epidemia de opioides muestra también que la frontera entre violencia criminal y violencia aparentemente respetable puede ser menos clara de lo que suponemos. La familia Sackler sabiendo mató más personas con sus opiodes recetados que el cartel de Sinaloa con la heroína. 

Lo mismo ocurre con la democracia. Durante décadas fue perfectamente razonable criticar a México por vivir bajo un sistema de partido hegemónico. Pero observar la política estadounidense recuerda que también existen allí estados, ciudades y distritos donde un mismo partido puede dominar durante generaciones. Esto no convierte ambos sistemas en equivalentes; simplemente obliga a formular comparaciones más inteligentes.

Ése es quizá el mayor mérito del libro de Gillingham. No sustituye una historia oficial mexicana por una historia oficial extranjera. Nos obliga, más bien, a desconfiar de las explicaciones demasiado sencillas.

México no es una sucesión de héroes traicionados por villanos, ni una anomalía incomprensible condenada a repetir sus errores. Tampoco es necesario convertir cada desastre nacional en virtud patriótica. Es un país construido mediante guerras, negociaciones, contradicciones, adaptaciones y compromisos, como tantos otros.

Tal vez por eso una historia de México escrita por un extranjero resulte particularmente útil. No porque el extranjero comprenda mejor a México por ser extranjero, del mismo modo que nosotros no lo comprendemos mejor simplemente por haber nacido aquí, sino porque una mirada exterior puede obligarnos a preguntarnos por qué consideramos naturales ciertas ideas que aprendimos desde niños.

La nacionalidad no otorga conocimiento.

Y tampoco debería otorgar inmunidad frente a las preguntas.